EL TIEMPO EN LA POTESTAD SANCIONADORA

Columnistas 20 de febrero de 2024 Por Diario Actualidad
Por Daniel Santos Gil Jáuregui

Existe claridad en que el ejercicio de la potestad punitiva del estado debe tener un límite temporal, razonable, que armonice la necesidad de restablecer el orden y garantizar la seguridad colectiva con el goce de las libertades.

En materia penal, salvo los casos de alta reprochabilidad social, en los que se ha establecido la imprescriptibilidad —delitos de lesa humanidad, por ejemplo—, ya por convenciones o normas fundamentales internas, existe, en los demás, un esquema de prescripción definido tanto de la acción como de la pena.

La acción prescribe, en forma ordinaria, al transcurrir tiempo igual al límite máximo de la pena privativa de libertad que corresponde al delito, desde el momento en que ocurrió el hecho calificado como injusto.

Si, dentro del plazo, se ha iniciado proceso, a ese plazo se agrega una mitad —prescripción extraordinaria—.

Casos se han previsto, además, en los que los plazos se duplican o reducen (Artículos 80, 81, Código Penal).

Se han regulado, claro, supuestos de suspensión e interrupción, pero, finalmente, con proceso de por medio y todo existe un plazo a cuyo vencimiento la acción penal prescribe y se restituye la libertad en forma plena.

La pena prescribe en tiempo igual al plazo (ordinario) previsto para la acción penal (Artículo 86).

En lo que respecta a la potestad sancionadora, sin embargo, existen algunas variantes.

Tomamos como referencia, al afecto, el marco general, regido por el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo 4-2019-JUS.

Está sujeto a plazo de prescripción el inicio del procedimiento administrativo sancionador: el plazo por defecto es de cuatro años, desde la comisión del hecho calificado como infracción (artículo 253).

Una vez iniciado, dentro del plazo, el procedimiento está sujeto no, ya, a prescripción sino a plazo de caducidad (artículo 259): nueve meses desde la imputación de cargos, ampliable a doce, siempre que existan razones justificantes.

El inciso 1 del artículo 259 citado dice, empero, que no está sujeto a caducidad el procedimiento recursal (ni a prescripción, se entiende, que solo rige para el inicio del procedimiento).

De esta suerte el interesado que impugna una sanción administrativa impuesta dentro del plazo solo tiene dos opciones: esperar hasta que su recurso sea resuelto, en forma indefinida, o, en caso de que no lo sea dentro del plazo previsto para ello, acusar silencio administrativo negativo e impulsar el recurso administrativo que sigue o acudir a la vía judicial.

Si lo primero, el artículo 199.6 establece que cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas.

No son la prescripción ni la caducidad las que, finalmente, ponen límite al ejercicio de la potestad sancionadora, debido al tiempo, en este caso, sino las reglas del silencio administrativo, que propiamente no la extinguen sino generan certeza sobre la decisión administrativa, certeza que puede restituir el ejercicio pleno de la libertad o habilitar el ejercicio del derecho de acción procesal.

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