Además de ser organizaciones que encauzan corrientes de interés respecto de la captura, ejercicio y control del poder, los partidos políticos —donde los hay en sentido estricto—, son escuelas de vida democrática y, en el mejor de los casos, escalamiento social meritocrático.

En ellos se aprende a ejercer libertades, interactuar, participar en la vida pública, respetar a las minorías, defender la decisión mayoritaria, a elegir, a armonizar el interés colectivo con el particular, a distribuir equitativamente los recursos colectivos.

Se aprender a ganar posiciones en función del mérito, del esfuerzo, no de la zancadilla.

Esos aprendizajes, luego, se ponen en práctica cuando se tiene la oportunidad de asumir el gobierno.

Por eso se dice que sin partidos no hay democracia, es decir no la hay sin entrenamiento, sin escuelas que fomenten valores y desarrollen prácticas democráticas.

Por allí va, en parte, la explicación de nuestro drama. No tenemos partidos con esa factura ni un marco legal que los promueva.

Antes bien, tenemos normas que promueven el verticalismo en las organizaciones que llevan el nombre —a secas—, su propiedad privada, la elección de candidatos a dedo, que niegan la participación de las bases, que ratifican la esterilidad de sus estatutos.

Formalizando una vieja práctica, mesiánica y feudal, se ha establecido, por ejemplo, ya sin ambages, que la designación de candidatos a cargos públicos no se somete a elecciones previas, ni directas ni delegadas. La deciden las cúpulas, los dueños de los mal llamados partidos políticos.

Lejos de promover comportamientos democráticos, de esa suerte, se predispone tanto al candidato como al elector para aceptar, como normales,  modelos autocráticos o dictatoriales.

A partir de esas prácticas y marco legal que las ampara quien aspire a gobernar no buscará un colectivo que comparta sus ideas e intereses, donde inscribirse y ganar un espacio en función de sus méritos, consecuencia e ideales, sino, si tiene los recursos, fundará un partido, en el que pueda mandar y decidir ser candidato, si no los tiene, se pondrá al servicio del dueño de esos recursos, abdicando de sus principios y renunciando a sus intereses genuinos.

Eso explica, de otra parte, la proliferación de los mal llamados partidos, que los puede haber tantos como personas con aspiraciones a gobernante existan que tengan recursos para comprar el kit y llenar los padrones de adherentes. Los estatutos y planes de gobierno, ultimadamente, se copian, llenan como sea, bajo el adagio generalizado de que el papel aguanta todo.

En ese esquema, pues, no hay oportunidad para el talento, la intelectualidad, la trayectoria social, las competencias.

Los que la tienen son los que manejan recursos económicos, o se someten a ellos. Recursos, ya se sabe, mayormente mal habidos.

Eso explica, finalmente, el imperio actual de presuntas organizaciones criminales, con investigaciones fiscales en curso, que se disputan el control del poder público, ante la mirada impávida, tal vez impotente, de la ciudadanía, abrumada por la cotidianeidad y, cuando no, sus dramas personales.