Durante el mes de febrero, Cajamarca se convirtió – nuevamente - en el centro de atención nacional por sus carnavales. Aunque aún no existen cifras oficiales, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca ha estimado que el “Carnaval Inolvidable 2024” concentró 80 mil visitantes, y generó alrededor de 57.5 millones de soles, lo que implicaría un aumento del 15% respecto al año 2023. Sin embargo, estas no son las únicas cifras que se reportaron durante estas fiestas. Existen otras que, pese a exponer un problema grave y estructural en la región, siguen sin llamar la atención de autoridades y ciudadanía: las cifras de violencia contra la mujer. 

Hacia finales de febrero e inicios de marzo del presente, se reportaron en Cajamarca dos casos de presunto feminicidio: uno en San Miguel y el otro en Cajamarca. Dos casos en menos de una semana. Si bien hubo pronunciamientos por parte del gobierno regional y la cobertura de algunos medios de comunicación, la ciudadanía no reaccionó, y ambos hechos fueron quedando en el olvido. Y es que algo más grave que la violencia contra la mujer es su normalización por parte de la sociedad. De acuerdo al último reporte del INEI (2023), el número de feminicidios en Cajamarca ha aumentado, pasando de 4 casos en 2021 a 9 casos en 2022, y sumando un total de 34 casos entre los años 2015 – 2022. 

Pero también se registraron otros hechos durante los días centrales del carnaval. La Fiscalía de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Cajamarca reportó que se interpusieron 7 denuncias de delitos contra la libertad sexual. De este total, 5 son presuntas violaciones sexuales, y 2 presuntos tocamientos indebidos. También se registraron 2 denuncias por acoso, y 30 agresiones físicas y psicológicas. Y a esto le sumamos el comportamiento y los actos de connotación sexual del cantante John Kelvin durante el concierto del 14 de febrero, también en el marco de las celebraciones del carnaval. Lo que para muchos fue una escena de risas, mofas y aplausos, no fue otra cosa que una clara muestra de violencia contra la mujer totalmente normalizada, ejercida en un evento público y ante la mirada indiferente de los espectadores. Las autoridades locales organizadoras, lamentablemente, no se pronunciaron al respecto, pero sí varios colectivos feministas. El caso fue denunciado por el CEM en la forma de tocamientos indebidos y actos de connotación obscena.

Estas cifras son sólo un ejemplo de las situaciones a las que están expuestas las mujeres no sólo en los espacios de encuentro popular, sino en los entorno más íntimos y cotidianos como el seno familiar y comunitario. Pero no sólo es la violencia sexual, física y psicológica que se ejerce contra ellas, sino su normalización, el machismo y la alta tolerancia social hacia la misma. Todos estos factores generan un entorno de vulnerabilidad y precariedad que atenta contra los derechos y libertades de miles de mujeres, niñas y adolescentes en la región. 

La última Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES 2019) del INEI, sostiene que el índice de tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58.9%, es decir, un alto porcentaje de la población en nuestro país está de acuerdo con la violencia hacia las mujeres, basándose en creencias y estereotipos que, a lo largo de la historia, le han asignado a la mujer roles específicos como esposas, hijas, madres, hermanas, además de establecer jerarquías de poder que las coloca en desventaja frente a sus pares hombres. Hoy, ese conjunto de creencias y valores han dado lugar a brechas y desigualdades que siguen sin ser atendidas. Según esta encuesta, un 33.2% de la población sostiene que la mujer infiel debe recibir un castigo por parte de su pareja, y un 31.1% que la mujer que viste provocativamente busca que la acosen sexualmente. Lo que estos resultados nos dan a atender es que si las mujeres actúan fuera de su rol establecido por la sociedad, entonces se justifica el “castigo” hacia ellas, dando lugar a las violencias físicas, psicológicas y sexuales reportadas cada año, muchas de las cuales terminan en feminicidios. 

Este escenario se agrava en las zonas rurales y periurbanas o en aquellos territorios con altos índices de pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, las violencias nunca se presentan solas o de forma aislada, siempre están conectadas a otros factores sociales, culturales, políticos, económicos y ambientales, y es necesario que Cajamarca aborde el problema desde una mirada integral e interseccional. Por ejemplo, una mujer sin ingresos propios, con dependencia económica, sin saber leer y escribir, y perteneciente a la zona rural tiene menos posibilidades de desarrollar su autonomía, tomar decisiones, y está más expuesta a sufrir violencias por parte de su pareja o miembros de su familia. Al 2022, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 23.2% de mujeres en el departamento de Cajamarca han sufrido alguna vez violencia física por parte de su compañero o pareja, el 48.9% han sufrido violencia psicológica y verbal, y el 7.2% violencia sexual (INEI 2023). Las dos últimas cifras aumentaron respecto al año 2021. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), al 2022, el 33.2% de mujeres en el departamento de Cajamarca no cuenta con ingresos propios. 

En el mes del Día Internacional de la Mujer es necesario recordar que la violencia contra la mujer en Cajamarca constituye un problema real, y necesita ser atendido y priorizado desde las políticas públicas y desde la acción ciudadana. Se vuelve urgente generar espacios que nos permitan cuestionarnos y reflexionar sobre los factores sociales y culturales que perpetúan, normalizan y reproducen estas situaciones. Y esto pasa por reconocer y replantear los roles asignados a hombres y mujeres que han dado lugar a situaciones de inequidad, y han puesto a las mujeres en desventaja frente a sus pares varones. Por ello, las medidas sancionadoras no son suficientes. Se necesita un conjunto de intervenciones públicas y efectivas que pongan al centro la prevención de las violencias basadas en género desde una mirada integral, intercultural e interseccional, y desde un trabajo articulado con todos los actores y desde todos los niveles: gobiernos locales, centros de emergencia mujer, operadores de justicia, organizaciones sociales, instancias de concertación, instituciones educativas, espacios comunitarios, familias, y por supuesto la ciudadanía.